Bogotá, 29 de octubre
de 2024
La plenaria del Senado de la República aprobó por 75 votos a favor y 2 en
contra el proyecto de acto legislativo 018 Senado – 437 de 2024 Cámara, “Por el
cual se fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, se
modifican los artículos 336 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones” sobre el Sistema General de Participaciones (SGP).
Se trata, según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, “de la más
importante reforma social y política de la última década”, ya que modifica el
actual estatuto con el que el Gobierno Nacional transfiere recursos a las
regiones, especialmente a las más pobres.
El texto consta de solo dos artículos. El primero modifica el artículo 356 de
la Constitución Política de 1991, en el que se “establecen las competencias a
cargo de la Nación y de los departamentos, distritos, municipios y territorios
indígenas”, y establece nuevas responsabilidades fiscales a cargo de estos
entes territoriales.
El segundo artículo del texto modifica el artículo 357 constitucional, que
establece que el SGP crecerá hasta el 39,5% de los ingresos corrientes de la
Nación durante los próximos 12 años a partir de 2027.
En principio, la propuesta del acto legislativo, de origen parlamentario y que
contó con el aval del presidente Gustavo Petro, establecía que el SGP llegaría
al 46,5%, pero la concertación con todas las bancadas políticas permitió
reducir ese porcentaje al 39,5%.
La gradualidad de la aplicación de la nueva norma, que estaba en 10 años, se
acordó dejarla en 12 años para garantizar su financiación y respetar el
cumplimiento del Marco Fiscal de Mediano Plazo, establecido por el Ministerio
de Hacienda en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, ‘Colombia Potencia
Mundial de la Vida’.
Actualmente, los recursos que gira la Nación a los entes territoriales a través
del SGP arrancan desde el 25,7%, tomando como base el Presupuesto General de la
Nación aprobado para 2025.
Durante el debate, el ponente coordinador, senador Ariel Ávila, explicó que
“actualmente, cerca de 300 municipios del país están quebrados”, por lo que
esta reforma constitucional “es necesaria” para garantizar recursos para
servicios como acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, salud y
educación, principalmente.
Sin embargo, antes de que esta reforma constitucional empiece a regir en 2027,
deberá ser aprobada por el Legislativo una Ley de Competencias, que el Gobierno
Nacional debe presentar dentro de los seis meses siguientes a la aprobación del
acto legislativo.
En ella se deben precisar las responsabilidades fiscales de los entes
territoriales, y se debe dar prioridad al cierre de brechas en salud y
educación.
Al término de la sesión plenaria, el ministro del Interior, Juan Fernando
Cristo, agradeció al Congreso de la República y expresó que este proyecto, que
contó con el respaldo del Gobierno del Cambio, “es parte del Acuerdo Nacional
que propuso el presidente Gustavo Petro”.
“Todas las bancadas, sin excepción, han apoyado esta propuesta de autonomía
territorial que permitirá avanzar hacia una mayor autonomía con sostenibilidad
fiscal. Este proyecto es el más importante en el mediano y largo plazo para
Colombia, y más allá de la coyuntura de las otras iniciativas que convocó el
Gobierno en el marco del gran Acuerdo Nacional”.
La iniciativa, que surtió el sexto debate (requiere de ocho debates en dos
vueltas por tratarse de una reforma a la Constitución), pasará ahora a
consideración de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y luego a
la plenaria de la corporación.
(Fin/aga/cpq)
