Bogotá, 5 de mayo de 2025
Bien, no voy a repetir lo que acabamos de decir en cadena por todos los canales, en la alocución presidencial, sino abrir el Consejo de Ministros sobre el mismo tema, ya concretando las políticas públicas alrededor del tema de seguridad, sus avances, sus retrocesos.
Aquí hay que examinar tanto el tema ofensivo, policial y militar, como la política social, porque la política de seguridad es una política integral, que yo la denomino político militar. No hay una política de seguridad exclusivamente militar, no hay una política de seguridad exclusivamente social.
Hay que combinar los dos lados de la tijera para cortar bien el papel. Si se hace una política exclusivamente militar, no se tiene éxito, porque muchas de las razones de la violencia tienen que ver con causas sociales, de exclusión de territorios, de sectores de la sociedad, etcétera.
Pero una política exclusivamente social sin neutralizar la acción de los grupos delincuenciales ya configurados, pues también puede fracasar, porque ahogan en sangre la política de paz.
Y, en ese sentido, integrar ambas, que ha sido un esfuerzo en este Consejo de Ministros, incluso por regiones concretas, como el Micay, como el Catatumbo.
Hay que decir que el gobierno civil no ha estado a la altura, porque tiene una estructuración incapaz de plantarse en el territorio. Es una estructura burocrática, nacional, centralizada en Bogotá. Entonces las visiones de los funcionarios civiles sobre el territorio son fantasiosas, no las conocen.
En realidad, el flujo real de los recursos, como hemos visto ya en los cuadros de vigencias futuras, va hacia los grandes negocios del capital, que generalmente se ubican alrededor de las grandes ciudades de Colombia.
Entonces, de facto, tenemos un centralismo que provoca a agudizar la exclusión de los territorios, y esa exclusión de esos territorios sirve de caldo de cultivo al crecimiento de violencias en esos mismos territorios.
La violencia en Colombia cada vez se desplaza más, geográficamente hablando, hacia las fronteras –de tiempo atrás se han dejado botadas las fronteras– y hacia los puertos, que son los principales centros de transacción de economías ilícitas de Colombia, sea saliendo cocaína, sea entrando armas y contrabando.
En esta medida, puertos y zonas fronterizas se han convertido en las zonas donde la violencia se mantiene. En el resto del país, baja, excepto Bogotá.
En Bogotá hay un fracaso social que hay que examinar más a profundidad. ¿Qué sucedió? El que esté aumentando la pobreza multidimensional en Bogotá y, al mismo tiempo, el homicidio no es una casualidad.
O sea, Bogotá dejó su larga tradición de inclusión social a un lado, se dedicaron sus recursos al Transmilenio, y hay un abandono del barrio popular, de la juventud popular.
Poner un programa de educación superior como ‘Ser pilo paga’ con otro nombre es una total salvajada. Y la juventud crece en exclusión, la mujer crece en exclusión, el barrio popular crece en exclusión; los niveles de pobreza, por tanto, se elevan.
Una de las políticas públicas que hay que estudiar en este Consejo de Ministros es cómo nosotros nos metemos como Nación a equilibrar socialmente a Bogotá y a las regiones excluidas de las grandes ciudades, porque esto hace parte indudable de una estrategia de seguridad.
Es por eso que el homicidio está creciendo en Bogotá.
Bueno, entonces la estrategia es político-militar. Luego, mandos militares, policiales y mandos civiles de este gobierno tienen aquí la palabra.
¿Qué se está haciendo en las zonas de exclusión territorial? ¿Cómo se ha priorizado esto? ¿O el presidente estaba hablando carreta en todos los Consejos de Ministros, porque sus ministros no le hacen caso? Una de dos.
La ausencia del gobierno civil en el Micay no puede seguir y mantener la presencia de civil, incluso bajo amenaza, en el Catatumbo es fundamental.
Ahora se abren espacios en todo Nariño, en Putumayo, posiblemente en el Magdalena Medio, de acuerdo a lo que se anuncia, y las zonas del Caribe, de los sures del Caribe, y del Chocó estarán también a la espera de que el gobierno centralizado en Bogotá se descentralice por voluntad propia y coloque a sus funcionarios en el territorio excluido, la plata en el territorio excluido, la política en el territorio excluido, y entonces realmente podamos construir una política integral político-militar de seguridad en Colombia.
Dejo aquí. Entonces pasa Angie (Lizeth Rodríguez Fajardo, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE), de acuerdo a las órdenes del día.
A la Fuerza Pública le agradezco porque, con diferencias respecto al gobierno civil progresista, la Fuerza Pública ha estado más en la zona excluida que el gobierno civil, y eso es todo un contrasentido de un gobierno progresista.
Yo veo temor de funcionarios. Eso es entendible, pero este gobierno no debe permitir eso. Que el miedo no paralice, porque si no esos grupos empiezan a triunfar.
Gracias, muy amables.
(Fin/fca)
