Antes, la acción se limitaba a la sustitución de cultivos. El Gobierno del presidente Gustavo Petro busca transformar el territorio, para que las economías legales desactiven las economías ilegales.
Por Miguel Herrera Arciniegas
La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se ha convertido en pieza principal de las políticas de transformación en territorios que históricamente han estado bajo el dominio de grupos ligados a economías ilegales como el narcotráfico.
Gloria Miranda Espitia está al frente de esa entidad, que ha sido protagonista de cambios importantes en las regiones y, en especial, en la atención de poblaciones de alta vulnerabilidad que han padecido violencia y represión.
En diálogo con VIDA, la funcionaria hizo un balance de la sustitución y mostró los logros del Gobierno Nacional en este campo.
“Buscamos un nuevo contrato social con estas poblaciones, entre las que un primer logro es recuperar la confianza, porque se les había incumplido por muchísimos años”.
¿Cuál es el alcance de los logros del Gobierno en la sustitución de cultivos de uso ilícito?
Nos hemos trazado como una meta fundamental la transición de las comunidades que dependen de economías ilícitas basadas en la coca hacia economías lícitas, sobre todo aquellas que aporten a la paz y a la transformación del territorio. El programa de sustitución de cultivos Renhacemos es parte de la política nacional de drogas que se llama Sembrando vida. Estamos atendiendo las vulnerabilidades estructurales que han llevado a que las comunidades dependan de cultivos de uso ilícito. En parte se trata de la falta de presencia del Estado en territorios pobres y con alta desigualdad. Buscamos un nuevo contrato social con estas poblaciones, entre las que un primer logro es recuperar la confianza porque se les había incumplido por muchos años. En cifras, la meta para 2025 es 20.000 hectáreas sustituidas para unas 10.000 o 15.000 familias atendidas que logren dejar la dependencia de los cultivos de uso ilícito y emprender proyectos de vida basados en una economía legal como el café o el cacao.
¿Qué diferencia de políticas hay con los gobiernos anteriores?
Los programas anteriores eran netamente de sustitución de cultivos, es decir, se enfocaban en su gran mayoría en cambiar una mata por otra mata. Nosotros pensamos más en la sustitución de economías ilícitas, es decir, apoyar al campesino desde la producción hasta la comercialización. La segunda diferencia es que no queremos que el campesino se quede únicamente en la producción de materia prima, sino que trascienda a productos con valor agregado. Financiamos una infraestructura que permite al campesino esa agregación de valor como las plantas de transformación de beneficiaderos, secaderos y centros de acopio, entre otros. Y lo tercero, estamos insertando la sustitución en el contexto de la transformación de territorios.
En cuanto a los programas, ¿qué se ha hecho para cumplirles a las familias en el caso del Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS)?
Es un programa en el que se incumplió por muchos años. Ha sido todo un reto reactivarlo. Inicialmente, renegociamos con las familias. Este programa de sustitución diversificó demasiado las líneas productivas, lo que impidió la agroindustrialización, porque no había ni volúmenes de producción ni una asistencia técnica efectiva. Renegociamos con 85 % de las familias cultivadoras y no cultivadoras del PNIS, que son alrededor de 58.000. Aún estamos en proceso con el resto. Lo otro que hicimos fue subsanar los yerros de la implementación.
¿Cuál fue el criterio para seleccionar áreas o regiones?
Tomamos, sobre todo, tres componentes. La concentración de la coca. Buscamos enfocar la intervención en los enclaves cocaleros, es decir, donde pudiéramos generar un mayor impacto. Un segundo criterio fue estar donde existieran mesas de negociación de paz. La articulación entre la política de paz y la política de drogas es fundamental. Donde hay mesas de negociación andando y avanzadas, el programa de sustitución está caminando a pasos agigantados. El tercer criterio es la voluntad, cuando la gente ha levantado la mano y ha dicho nosotros queremos sustituir.
¿Qué dificultades han tenido en su trabajo en los territorios?
Son evidentes los desafíos. La falta histórica de la presencia del Estado en estos territorios. En las zonas cocaleras las vulnerabilidades son mayores. Vías de acceso deficientes, inoperancia de las instituciones de justicia o la precaria infraestructura para el desarrollo. Por esto, en el Gobierno del Cambio la mayor cantidad de instituciones está comprometida con ir al territorio y con hacer presencia. Lo otro es recuperar la confianza de las comunidades, que han sufrido el incumplimiento por mucho tiempo. Al respecto, nosotros sí hemos cumplido y por tal motivo se han ido sumando cientos e incluso miles de personas a los programas. Un gran desafío que resaltaría es la seguridad, que en algunos territorios le pone una dificultad adicional al proceso de sustitución. También están las asignaciones presupuestales.
¿Qué historias de vida la han conmovido en su labor como directora de la Dirección de Sustitución de Cultivos?
Muchos casos que me han motivado a seguir adelante en mi trabajo. Mi motivación día a día son las comunidades, porque quizás nosotros vivimos en un contexto de privilegio que allí no se tiene y ver que la llegada del Gobierno y de programas como Renhacemos, incluso el PNIS, logran transformar vidas, es una gran motivación. Si tuviera que escoger entre muchas historias, sin duda elegiría la de las madres cabeza de familia. Son mujeres empoderadas que quieren sacar adelante el territorio y que han visto el efecto desproporcionado del narcotráfico o de políticas anteriores punitivas y mucho más enfocadas en lo militar.
¿Y la meta específica de sustitución para 2026, cuando termina el periodo de gobierno?
En principio, la meta de 2025 es 20.000 hectáreas. Pero creo que uno de los grandes logros sería dejar financiado el programa de sustitución para las siguientes vigencias y periodos, porque esto tiene que ser una política de Estado.
“La articulación entre la política de paz y la política de drogas es fundamental”.