Capítulo IV
Incrementar la transparencia y eficiencia del Estado

El panorama actual del Estado colombiano es preocupante. Su legitimidad ha sido lesionada por el efecto perverso de la corrupción, el clientelismo y la politiquería. Encuestas recientes indican que el porcentaje de ciudadanos que no están satisfechos con la democracia y que desconfía del Congreso es uno de los más altos en América Latina. A esto se suma la ausencia de resultados sociales tangibles a pesar del aumento en el gasto público y la descentralización.

Para superar estas dificultades, el Gobierno Nacional está comprometido con reformar la administración pública, las relaciones interregionales y el ordenamiento territorial del país. Las actuales características de la estructura y tamaño del Estado favorecen la ineficiencia, la corrupción y el despilfarro. Así mismo, la confusión de competencias entre niveles de gobierno propicia la ineficiencia y ha entorpecido el proceso de descentralización.

En vista de esto, el Gobierno impulsará una reforma integral a la administración pública y liderará una transformación del ordenamiento territorial y de las relaciones entre los municipios, departamentos y la Nación. A continuación se describen los principios que guiarán las reformas y se presentan los objetivos generales de las mismas.

1. Renovación de la Administración Pública
Colombia requiere un Estado comprometido con la construcción de ciudadanía, con vocación y acento social, y guiado por los principios de austeridad, probidad y eficiencia. El objetivo último de la Renovación de la Administración Pública será la construcción de una nación socialmente justa, geográficamente equilibrada y capaz de aprovechar sus recursos naturales y humanos.

a. Reformas para la Renovación de la Administración Pública
Las reformas prioritarias para la renovación del Estado pueden dividirse en dos grupos. El primer grupo comprende las reformas verticales, las cuales se realizarán dentro de cada ministerio o entidad, y tienen por objeto el rediseño institucional y la actualización de la red institucional. Las reformas verticales pretenden mejorar la gestión y la eficiencia de cada entidad por separado. El segundo grupo comprende las reformas transversales, las cuales abarcarán todas las entidades y ministerios, y buscan la creación de un marco más adecuado para el ejercicio de las funciones públicas.

Ningún Programa de Renovación de la Administración Pública logrará un impacto verdadero sino aborda ciertos problemas estructurales. Las reformas transversales atacarán los más cruciales y urgentes, a saber: empleo público, control interno, defensa jurídica del Estado, sistema de compras y contratación estatal, gobierno electrónico, sistema presupuestal y gestión por resultados, administración y gestión de activos fijos de la Nación y organismos de regulación y control. Finalmente, las reformas e incentivos gerenciales son los instrumentos y mecanismos operativos que acompañarán la reforma y contribuirán a la consolidación del programa de Renovación de la Administración Pública.

b. Actividades complementarias al Programa de Renovación de la
Administración Pública
Plan de austeridad. La Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública, con la coordinación del Departamento Nacional de Planeación establecerán una estrategia de austeridad que orientará la acción de toda la gerencia pública. Se reducirán gastos generales, costos de aprovisionamiento, gastos permanentes, y se racionalizará el uso de los activos fijos y bienes inmuebles de las entidades.

Hechos de eficiencia y transparencia. El Presidente y el Vicepresidente abrirán periódicamente un espacio en sus agendas para destacar hechos de eficiencia y de transparencia en la gestión pública.
Auditorías de calidad. Se definirá un mecanismo para revisar los avances de las entidades en el mejoramiento de la calidad y del servicio al ciudadano.

c. Transparencia y lucha contra la corrupción
La corrupción es uno de los problemas más graves del país. Entre sus efectos más serios está la pérdida de confianza en el gobierno y el surgimiento de un apreciable grado de apatía y disociación en la ciudadanía. Asimismo, esta erosiona la legitimidad del Estado, limita el proceso de desarrollo nacional y pervierte el ahorro público. En 2001, el costo de la corrupción ascendió a US$2,240 millones, equivalentes a 80% del déficit fiscal, o 2,6% del PIB de ese año. En sobornos por compras estatales y licitaciones, el costo de la corrupción fue de cerca de US$480 millones y por desviación de recursos de US$1,760 millones. En países con niveles altos de corrupción, la tasa de inversión apenas llega al 12,3%, mientras que en países con baja corrupción la inversión alcanza el 21,3%. Esta brecha se traduce en escaso crecimiento y en altas tasas de desempleo.

Una encuesta realizada por la Presidencia de la República con el apoyo del Banco Mundial, muestra a las claras que la captura de rentas del Estado, -entendida como "la capacidad de grupos de interés para influir a través de prácticas corruptas en los altos procesos de decisión estatal"- es una de las formas más comunes de corrupción en Colombia. Igualmente, el estudio arroja datos reveladores en relación con el desvío presupuestal en las compras y contrataciones estatales, y el débil desempeño institucional en materias de transparencia, control interno y autonomía. Adicionalmente, el Índice de Integridad de las Entidades Públicas 2002, preparado por Transparencia por Colombia, señala bajos niveles efectivos y de percepción de integridad de las entidades públicas.

El Gobierno Nacional pondrá en marcha los siguientes programas para reducir los niveles de corrupción observados y reales.
Prevención y cambios en la contratación pública. Para una mayor transparencia, las entidades estatales divulgarán con anticipación sus programas y presupuestos de contratación o de inversión, y las características de los proyectos que vayan a adelantar, de manera que se logre activar la participación comunitaria y el control social.

Se sustituirá el mecanismo de licitación para la adquisición de bienes y la contratación de servicios. Primero se seleccionará un número plural de proveedores idóneos y luego se abrirá una segunda fase por el sistema de subasta. Una y otra serán de naturaleza pública. Adicionalmente, se pondrá en funcionamiento un portal del Estado (gobiernoenlinea.com) que incluirá a todas las entidades que integran el sector público. Igualmente se buscará una amplia participación de las ONG y de las entidades cooperativas y se convocarán nuevos actores y entidades especializadas en la provisión de los servicios a cargo del Estado.

Adecuada selección, remuneración, promoción y permanencia de los servidores públicos. Las reglas de selección y permanencia en el servicio civil incorporarán criterios diferentes a la antigüedad. Se eliminarán los mecanismos de promoción automática. La calidad de la gestión y la medición del desempeño serán los motivos primordiales para la permanencia y la promoción.

Desarrollo de instrumentos para una gestión eficiente. Cada institución presentará anualmente un acuerdo de compromiso sobre los objetivos generales de su gestión y sobre las metas concretas que se han fijado para el siguiente periodo. Sobre esta base se convocará la participación de la comunidad.

Reforma del control fiscal. El Gobierno liderará una transformación integral del control fiscal, de manera que la Contraloría General de la República tenga como responsabilidad fundamental la definición de la política de control, no su ejercicio.

El control fiscal que hoy ejerce la Contraloría se asignará a auditores. Los funcionarios de la Contraloría harán parte de un sistema de carrera administrativa con concursos de ingreso y facilidad de despido. Las contralorías departamentales y municipales serán sustituidas por la Contraloría General de la República y por auditores externos.

Fortalecimiento de los mecanismos de control ciudadano. Ningún esfuerzo contra la corrupción es efectivo si no cuenta con el respaldo ciudadano. Se creerán veedurías que velen por la transparencia en la gestión estatal y denuncien las conductas irregulares de los administradores. La veeduría ciudadana se organizará de manera formal en los niveles nacional, departamental y municipal, con participación de las cámaras de comercio, las universidades y otros centros educativos, las agrupaciones gremiales y las comunidades.

Gobierno en Línea. Mediante este programa se promoverá la oferta de información y de servicios del Estado a través de la utilización de las tecnologías de información. En particular, se llevarán los contratos en medio electrónico con el fin de hacer más competido y transparente el proceso de contratación al mantener en línea toda la información contractual (prepliegos, pliegos de condiciones, resoluciones de apertura, registros presupuestales, etc).
Concursos para el acceso a cargos claves. El Gobierno coordinará la implementación de un programa de selección de personal para que la vinculación de los funcionarios públicos se realice mediante concursos abiertos, ejecutados por terceros que sean objetivos y ajenos a las instituciones contratantes.

d. Políticas de austeridad
Las medidas de austeridad serán de carácter obligatorio y deberán adoptarse de manera inmediata. Cada entidad tendrá que reducir sus costos en forma significativa. Los ministerios y departamentos administrativos revisarán los logros de sus entidades adscritas. El Gobierno buscará la firma de un acuerdo formal de austeridad con todos los gerentes públicos, verificable por los ciudadanos.