Capítulo I
Brindar seguridad democrática

I. Brindar seguridad democrática

Colombia afronta uno de los conflictos armados de mayor duración en el mundo, con hondas repercusiones en todos los aspectos de la vida social. En las últimas décadas el conflicto se ha agudizado de manera significativa. Las organizaciones armadas al margen de la ley han incrementado su presencia en el territorio y su tamaño y, simultáneamente, han escalado las acciones terroristas contra la población civil y la infraestructura económica y social del país, a la vez que estrechan sus vínculos con negocios ilícitos como el narcotráfico.
Con el objetivo de defender el ordenamiento democrático y el Estado de Derecho, garantizar la seguridad y la libertad de la población, proteger los derechos humanos e impulsar la prosperidad económica y la equidad social, el Gobierno Nacional implementará un modelo integral de Seguridad Democrática que le permita al Estado brindar seguridad a todos los sectores de la sociedad, consolidar su presencia legítima en el territorio nacional y recuperar el control definitivo en las zonas con influencia de grupos armados ilegales.
La Seguridad Democrática puede entenderse como el ejercicio de una autoridad efectiva que sigue las reglas, contiene y disuade a los violentos y está comprometida con el respeto a los derechos humanos, el pluralismo político y la participación ciudadana. Así entendida, la Seguridad Democrática trasciende el concepto tradicional de seguridad nacional, ligado exclusivamente a la capacidad del Estado para coartar y penalizar a aquellos individuos que transgreden las normas de convivencia en sociedad. En última instancia, la estrategia de Seguridad Democrática busca asegurar la viabilidad de la democracia y afianzar la legitimidad del Estado.
La ejecución de la política de Seguridad Democrática se realizará bajo la dirección del Presidente de la República, con la coordinación y supervisión del Consejo Superior de la Seguridad y Defensa Nacional. En el ámbito territorial, la coordinación estará a cargo de los gobernadores y alcaldes, asistidos en esta labor por consejos departamentales y municipales de seguridad.
En este contexto, se adelantarán las iniciativas necesarias para lograr un mayor desarrollo y fortalecimiento institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional adecuarán sus estructuras institucionales para la ejecución de la política de Seguridad Democrática. El Gobierno Nacional, bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, propenderá por comunicar y explicar de manera sistemática, tanto a la opinión pública nacional como internacional, las políticas y medidas que va a implementar en el marco de la Seguridad Democrática. Adicionalmente, desarrollará un esquema permanente de seguimiento y evaluación.

1. Control del territorio y defensa de la soberanía nacional

En los últimos años el país ha asistido a una indiscutible degradación del conflicto armado. Las organizaciones al margen de la ley recurren al terror en su afán por consolidar y controlar territorios de gran valor estratégico y para acopiar los recursos que el escalamiento de la confrontación exige.
De allí que cada vez son más frecuentes los actos violentos contra la población y bienes civiles, como las masacres, las violaciones e infracciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, los ataques a poblaciones e infraestructura con medios masivos de destrucción, el desplazamiento forzado de población civil y, más recientemente, las amenazas y expulsión de mandatarios locales.

En los últimos diez años el crecimiento de los principales actores ilegales del conflicto ha sido del 157,5%. Para 2001 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep) habían duplicado su pie de fuerza. Tenían 16.580 combatientes, distribuidos en 62 frentes, a partir de los cuales se conformaron siete bloques con una distribución y copamiento geográficos importantes a escala nacional. Con relación al Ejército de Liberación Nacional (Eln) si bien se constata también una duplicación en su pie de fuerza entre 1990 y 2001, periodo en que alcanzaron 4.500 hombres distribuidos en 41 frentes que conforman cinco bloques de guerra, esta organización ha visto sensiblemente mermada su capacidad de crecimiento militar y ha perdido control territorial. Los grupos ilegales restantes -Ejército Popular de Liberación (Epl), Ejército Revolucionario Guevarista (Erg) y Ejército Revolucionario del Pueblo (Erp)-, que representan fuerzas bastante marginales en
términos militares con un promedio de 200 hombres, parecen ser muy funcionales al accionar del Eln, pero sobre todo, de las Farc-Ep.

Por su parte, en el mismo periodo los grupos de autodefensa quintuplicaron su tamaño y fortalecieron notablemente su presencia territorial. De tener 1.800 hombres en 1990 pasaron a tener 10.560 en 2001, distribuidos en 10 bloques. Cabe observar que su crecimiento más importante se ha dado a partir de 1999. Preocupa igualmente el hecho de que alrededor de 7.000 menores alimentan las filas de los grupos armados ilegales.

La mayor concentración del poder militar y ofensivo de los actores armados se da todavía en zonas periféricas y de influencia histórica de estas agrupaciones, aunque sea cada vez más clara la importancia estratégica de ciertos territorios, motivada por razones de orden económico o militar expansivo. Estos últimos constituyen zonas económicamente atractivas que pueden disputarse y controlarse para beneficio de las organizaciones armadas ilegales; configuran corredores fundamentales tanto para el aprovisionamiento de pertrechos y armas como de alimentos y elementos de apoyo logístico; y tienen implicaciones en el dispositivo militar y en la relación de ventaja frente a otras organizaciones armadas ilegales o la Fuerza Pública. En ellos, estas agrupaciones han
conformado y fortalecido economías de guerra, como la de cultivos ilícitos con sus vínculos hacia la actividad del narcotráfico, o constituido fuentes de financiación importantes a través de la extorsión, el secuestro, el abigeato y el asalto a entidades financieras, que afectan a zonas agroindustriales y de explotación pecuaria, petrolera y minera.

Gráfico 4
Evolución del pie de fuerza de los grupos armados al margen de la ley
1990-2000

No obstante la caracterización previa, las principales áreas urbanas se constituyen crecientemente en objetivo tanto para la obtención de recursos, sobre todo en el caso de la guerrilla a través de la extorsión y el secuestro, como para impulsar el propósito de trasladar el conflicto a las ciudades. Sin embargo, en términos generales este propósito está todavía en gestación y desarrollo. En barrios marginales de varios centros urbanos hay presencia de milicias, pero tales lugares no han podido ser consolidados y controlados territorialmente por los grupos armados al margen de la ley.
De otra parte, el acceso al poder local en múltiples municipios del país, característico de la estrategia durante toda la década de los años noventa, ha tenido también su propia dinámica que parece no conformarse con la obtención de un cierto reconocimiento de influencia en la gestión local y de una relativa incidencia en el manejo de los presupuestos locales. Tal injerencia, precedida en zonas de expansión por una alta tasa de homicidios, masacres y desplazamientos forzados, se ha extendido
a las amenazas, expulsión y asesinato de líderes políticos, concejales y mandatarios, en una estrategia a través de la cual los grupos armados pretenden un mayor reconocimiento e influencia en la gestión local del país.
El asesinato de civiles por parte de los grupos armados ilegales ha cobrado particular importancia en los últimos años. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, entre 1996 y 2000 se constata un crecimiento del 76%, con un fuerte agravamiento a partir de 1999, cuando la conducta se duplica con relación a las cifras del año anterior. En términos de autoría, los casos atribuibles a los grupos subversivos presentaron un incremento del 55% en el curso de la serie anotada y, en lo que respecta a las autodefensas, del 98%. Si bien los homicidios derivados directamente del conflicto armado no superan el 10% del total nacional1, su impacto en las zonas de ocurrencia es muy fuerte.

Cuadro 2
Actos violentos perpetrados por grupos al margen de la ley

La evolución de las masacres muestra un aumento igualmente preocupante: el número de casos y de víctimas durante el periodo 1995-2000 creció en 48%, y si bien para el año 2001 se observa una disminución aproximada del 20% en el número de casos y casi del 25% en el número de víctimas con relación al año anterior, las cifras aún son elevadas.
Con relación al secuestro, en ningún otro país del mundo existe una industria como la que han puesto en práctica los grupos armados al margen de la ley; se calcula que en los últimos años se han transado cerca de US$1,500 millones producto del secuestro realizado tanto por los actores ilegales del conflicto como por bandas de delincuencia común2. Además de su inconmensurable impacto emocional, el secuestro y la extorsión afectan seriamente el desarrollo económico del país y ahuyentan la inversión.
Los ataques a poblaciones, una de las más graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, constituyen un indicador importante para medir el pulso del conflicto interno armado. Si bien en 2001 se observa un descenso importante con relación a 2000 y a 1999, año en el cual se evidencia la mayor intensidad, la utilización de medios masivos de destrucción sobre bienes civiles, como los cilindros de gas, tiene unos costos sociales y económicos enormes.

Igualmente grave es la situación concerniente a los ataques sistemáticos a la infraestructura energética, vial y de comunicaciones, con un alto costo económico para el país. En prácticamente todos los tópicos considerados hay aumentos significativos especialmente en la segunda mitad de la década de los noventa y en 2001. En el Cuadro 3 se resumen los costos por terrorismo y acciones delincuenciales contra la infraestructura nacional, para 2001.

Cuadro 3
Costos por terrorismo y acciones delincuenciales contra la infraestructura nacional
(Millones de pesos de 2002)

1/ Robo de combustible, contrabando, mezclas, atentados a oleoductos y gasoductos. El robo de combustible incluye costos totales para la Nación, es decir, pérdidas de Ecopetrol, sobretasa, impuesto global e IVA. La cifra aproximada es de $900.000 millones anuales. El monto adicional corresponde a los 170 atentados del Oleoducto Caño Limón-Coveñas ($265.000 millones) y los
costos de reparación de gasoductos ($6.400 millones). Fuente: Ecopetrol y Asociación Colombiana de Petróleos.
2/ Voladura de torres de energía, Fuente: ISA.
3/ Atentados a puentes y peajes. No incluye pérdidas por reducción de tráfico de vehículos, Fuente: Invías.
4/ Atentados contra la red férrea, Fuente: Concesión del Corredor Férreo del Atlántico.
5/ Atentados a radares, radioayudas, electromecánicos, comunicaciones y aeropuertos. Fuente: Aeronaútica Civil.

Los costos los asume en gran parte la población colombiana, reflejados en aumentos de precios, atrasos en el desarrollo tecnológico, limitación en el suministro de servicios públicos, y disminución en los ingresos de regalías de la Nación y de las regiones. Adicionalmente, se ven afectados los programas de vinculación de capital privado en la financiación de proyectos de infraestructura, ya que los problemas de orden público son uno de los principales determinantes de dichas decisiones de inversión.
Tal vez la consecuencia más dramática del conflicto está en el desplazamiento forzado de civiles. El terror, como herramienta de los grupos armados para controlar la población y como mecanismo para obtener un mayor control sobre el territorio y así desarrollar sus actividades ilícitas, ha causado el desalojo de cientos de miles de familias en los últimos años, con la consiguiente destrucción del tejido social y un descenso dramático de la productividad agrícola en varias zonas rurales del país y el incremento de la miseria en las ciudades.

Desde 1985 hasta el año 2000, han sido desplazados de sus lugares de origen como consecuencia del conflicto armado, casi un millón de colombianos3. "Durante 2001, según el Registro Único de la Red de Solidaridad Social (RSS), las causas inmediatas de los desplazamientos fueron la amenaza generalizada (47%), los enfrentamientos armados (23%), las masacres (9%), los asesinatos selectivos (11%), las tomas a municipios y veredas y ataques indiscriminados (4%), y el restante (6%) por otras causas"4%.
Además del panorama de violencia asociado al desarrollo del conflicto armado, Colombia presenta un fenómeno preocupante de violencia urbana. Este fenómeno ha adquirido en los últimos años proporciones difícilmente manejables y costos sumamente elevados: de acuerdo con información de la Policía Nacional, durante los últimos cinco años, la violencia urbana ha representado más del 60% de los delitos del país y cerca del 70% de los costos totales de la violencia en Colombia. En su explicación concurren tanto factores de conflicto social de carácter estructural, como factores coyunturales.
De otro lado, la delincuencia organizada encuentra en el espacio urbano facilidades para crecer y desarrollarse, lo que se enmarca dentro de las tendencias delictivas contemporáneas por excelencia.
Esta manifestación criminal también representa una evidente amenaza contra la tranquilidad ciudadana y puede en ocasiones cruzar los límites del orden público. El crimen organizado urbano en Colombia no sólo se ha potenciado en los últimos años, sino que de múltiples formas ha adquirido vínculos estratégicos con las organizaciones armadas al margen de la ley que toman parte en el conflicto interno. En esa medida la respuesta urbana frente a la violencia tendría una importante incidencia en el desarrollo del conflicto armado.
El Gobierno Nacional implementará un modelo que le permita al Estado retomar el control definitivo en aquellas zonas con influencia de los grupos armados ilegales y lograr su accionar legítimo en todo el territorio nacional. Se trata de un esfuerzo integral, conjunto y coordinado de recuperación, presencia y consolidación interinstitucional. Este modelo consiste en lograr mediante la acción de las Fuerzas Militares una recuperación gradual de las zonas afectadas por la violencia, y en consecuencia permitir así la presencia efectiva de la Policía Nacional en los municipios donde no la hubiere, para alcanzar finalmente la consolidación de estas áreas mediante la acción de las demás entidades del Estado en un esfuerzo interinstitucional coordinado. El propósito es crear un círculo virtuoso de recuperación, presencia y consolidación del control estatal sobre zonas del territorio donde la actividad armada es menor, para restablecer un clima de orden y seguridad que se extenderá paulatinamente a todo el país.
La implementación de la parte de recuperación se hará mediante operaciones ofensivas adelantadas por las tropas con jurisdicción fija, que recibirán el apoyo de brigadas móviles y unidades divisionarias.
Para garantizar la sostenibilidad de la presencia de la Policía Nacional en las zonas recuperadas, se conformarán las Fuerzas de Seguridad Local, encabezadas por soldados profesionales y compuestas

Cuadro 4
Evolución de los delitos de mayor impacto social
1990-2001

por soldados regulares y por soldados y policías de apoyo5. Organismos como el DAS y la Fiscalía podrán entonces cumplir con su labor de judicializar a los miembros de los grupos al margen de la ley, mientras que la Procuraduría velará por la protección de los derechos humanos y las garantías procesales de los implicados. Así, una vez garantizadas las condiciones básicas de seguridad, el Estado podrá ejecutar los programas que contribuyan al bienestar social de la población, al desarrollo sostenible y a la prosperidad económica de la región.

a. Control y reducción de las organizaciones armadas al margen de la ley

i. Reducción de la capacidad logística de las organizaciones armadas al margen de la ley
Parte importante de la estrategia integral encaminada a recobrar la seguridad y recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, consiste en desvertebrar las redes de apoyo logístico, con particular énfasis en la reducción de la capacidad armada de los grupos violentos. El Gobierno Nacional ejecutará los planes y programas diseñados específicamente para debilitar el funcionamiento de estas organizaciones con acciones sobre sus centros de reclutamiento, aprovisionamiento de armas, municiones y explosivos6, sus rutas de alimentación y transporte, sus sistemas de comunicaciones y sus fuentes de financiamiento7.
Igualmente, se pretende debilitar a los grupos armados con la captura de sus cabecillas y jefes jerárquicos, procesándolos judicialmente y, si es el caso, extraditándolos de acuerdo con la normatividad vigente.

ii. Desarticulación de las finanzas de grupos terroristas y de narcotráfico
La lucha contra los grupos terroristas, de narcotraficantes y de delincuencia transnacional organizada se centrará en el ataque a sus estructuras financieras. En tal sentido, se reforzarán los controles a los movimientos en el sistema financiero y de valores, con la implementación de los lineamientos establecidos por las Naciones Unidas en la Resolución 1373 de 2001. Además, se perseguirán los bienes de dichas organizaciones y se realizarán los ajustes necesarios en la legislación para que la figura de la extinción de dominio sea un instrumento eficaz de lucha contra el crimen. Paralelamente, se adelantarán esfuerzos que permitan restringir el secreto bancario y congelar los activos derivados de su accionar. A escala local, se implementarán mecanismos tendientes a evitar que las finanzas municipales sean utilizadas para financiar actividades terroristas o de apoyo a estos grupos y se reforzará la inteligencia para identificar aquellos negocios lícitos que sirven de fachada para la financiación de las organizaciones criminales y terroristas.

b. Fortalecimiento de la Fuerza Pública y de la capacidad disuasiva
i. Profesionalización y fortalecimiento de las Fuerzas Militares

Las Fuerzas Militares tienen la responsabilidad de garantizar la soberanía y la integridad territorial, así como las condiciones de seguridad necesarias para que las entidades del Estado puedan cumplir su misión. Para este propósito las Fuerzas Militares se fortalecerán en tres aspectos principales:

· Soldados profesionales. En desarrollo del proceso de profesionalización y fortalecimiento de las Fuerzas Militares, el Gobierno Nacional continuará con la incorporación de nuevos contingentes de soldados profesionales. Dichos soldados, debidamente equipados, entrenados y educados en el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, permitirán sostener y profundizar el cambio sustancial en la conducción de las operaciones de la Fuerza Pública y contribuirán de manera directa con el logro de condiciones básicas de seguridad.

· Soldados de apoyo. Con el objetivo de colaborar en la consolidación del control territorial y de brindar seguridad adicional a los organismos investigativos y judiciales que tengan la tarea de identificar y judicializar a los miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley, se incorporarán a las filas de las Fuerzas Militares contingentes de soldados de apoyo. Dichos soldados, reclutados en sus lugares de origen, realizarán tareas de apoyo a la Fuerza Pública cuando las condiciones así lo exijan, al tiempo que adelantarán sus labores normales de estudio o trabajo.
Estos nuevos contingentes contarán con el entrenamiento y equipo necesarios para el desarrollo de las funciones que les serán encomendadas, así como con la ayuda voluntaria de la red de cooperantes de la zona8.

· Reforma del servicio militar obligatorio. El Gobierno Nacional presentará al Congreso un proyecto de Ley que buscará modificar la legislación vigente sobre el servicio militar obligatorio. Hasta entonces, los esfuerzos estarán encaminados a eliminar las discriminaciones existentes y se corregirán los procedimientos que atentan contra este propósito. De igual forma, establecerán lineamientos para que todos los jóvenes reciban entrenamiento militar como los profesionales de la reserva y sean colaboradores permanentes de la fuerza pública. La docencia obligatoria se constituirá en alternativa.

ii. Profesionalización y fortalecimiento de la Policía Nacional

El Gobierno Nacional tiene como prioridad incrementar el pie de fuerza con el fin de que la Policía pueda retornar a aquellos municipios donde no tiene presencia, fortalecerla donde esta es débil y aumentarla en las principales ciudades para prevenir y enfrentar los delitos de mayor impacto social y evitar posibles atentados terroristas. Para lograr este objetivo, se avanzará en tres líneas de acción:

· Fortalecimiento de la seguridad en el área rural. Esta estrategia busca la reactivación de 163 estaciones en municipios en donde estas han sido destruidas.

· Fortalecimiento de los Carabineros. Se hará por medio de la creación de escuadrones móviles a lo largo del territorio nacional. De estos escuadrones, un número de hombres será destinado a la Unidad de Intervención y Reacción de la Policía de Carreteras (Unir) y los Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula). Para lograr los cometidos propuestos, en dichos escuadrones se sustituirán auxiliares bachilleres por patrulleros profesionales.

· Capacitación y profesionalización de la Policía. Para el fortalecimiento de las demás funciones que le competen a la Policía Nacional, se mejorarán los procesos de capacitación y profesionalización del personal de la institución, a través de la modernización de la base tecnológica que soporta las operaciones de policía y la investigación en las áreas de ciencias forenses y criminalística.

iii. Fortalecimiento de la inteligencia

La inteligencia es tal vez el insumo más importante que debe tener el Estado para enfrentar las amenazas a su seguridad y prevenir las acciones de los grupos armados ilegales. Al reconocer esto, el Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios y adoptará un diseño institucional óptimo para garantizar la eficiencia del ciclo de la inteligencia estatal: dirección y planeación, recolección y procesamiento de la información, y producción y diseminación de análisis de inteligencia.

· Dirección y planeación. El Presidente de la República, en cumplimiento de su misión constitucional y como Jefe Supremo de las Fuerzas Militares, dirigirá la inteligencia estatal de manera coordinada con el Ministerio de Defensa y el Consejo Superior de Defensa y Seguridad Nacional, que serán responsables de su planeación.

· Recolección y procesamiento de la información. La recolección y el procesamiento de la información táctica y estratégica estarán a cargo de la Fuerza Pública, organismos de seguridad y otras agencias estatales. Se incentivará la especialización, la cooperación y la complementariedad entre ellas. La ciudadanía también será parte fundamental en el tema de recolección9.

· Promoción y difusión de la información. Para la producción y diseminación de los análisis de inteligencia se creará un comité de coordinación del cual harán parte delegados de todos los organismos de inteligencia e investigación criminal. Este comité tendrá la responsabilidad de consolidar los informes de inteligencia y transmitirlos al Presidente, al Ministro de Defensa y al Consejo Superior de Defensa y Seguridad para la toma de decisiones.
Igualmente, se destinarán los recursos técnicos necesarios para mejorar la eficiencia del ciclo estatal. Para ello, se buscará proveer a las diferentes instancias con equipos de última tecnología, compatibles, y con bases de datos comunes, que permitan obtener una inteligencia de calidad para enfrentar a los grupos armados ilegales.

· Cooperación internacional. El Gobierno Nacional, consciente de que el terrorismo es una amenaza que no conoce fronteras, promoverá la cooperación internacional en materia de intercambio y flujo oportuno de información de inteligencia con las diferentes agencias.
Implementará, así, los lineamientos establecidos por las Naciones Unidas en la Resolución 1373 de 2001.

iv. Fortalecer la capacidad disuasiva frente a posibles agresiones externas
Se mantendrá la capacidad disuasiva real y creíble frente a posibles amenazas externas mediante el mantenimiento y modernización del material estratégico existente. Se garantizará, de esta manera, la soberanía e integridad de las aguas marinas y submarinas, de la plataforma continental, los territorios insulares y el espacio aéreo, así como la protección y preservación de los recursos naturales y el medio ambiente de la Nación. En el mismo sentido, el Gobierno se convertirá en un promotor del desarrollo fronterizo a través de acciones y esfuerzos coordinados con el sector privado, que además
de garantizar el bienestar de los ciudadanos, generen una dinámica económica y social capaz de neutralizar las amenazas a la soberanía del territorio y su población.

Paralelamente, con el fin de evitar la migración de factores generadores de violencia de un país al otro, el tráfico ilícito de bienes y el tránsito no autorizado de personas en zonas fronterizas, se revitalizará el acercamiento y la cooperación con las Fuerzas Armadas y de Policía y organismos de seguridad de los países vecinos. Para ello, se dará continuidad a la realización de operaciones combinadas y coordinadas que contribuyan a desarticular y neutralizar el accionar de los actores armados al margen de la ley.

En el plano regional, el Estado colombiano fortalecerá su presencia en los procesos de cooperación e integración. En tal sentido, incrementará su capacidad propositiva y de interlocución y dinamizará la diplomacia militar a partir de un plan de acción con objetivos a cinco y diez años, tendientes a neutralizar mediante la cooperación militar las amenazas a la seguridad regional.

En el plano de la cooperación internacional, se propenderá por enfrentar, además de las amenazas externas convencionales, aquellas de carácter transnacional e irregular como el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico ilegal de armas, el tráfico humano, el contrabando y las migraciones ilegales, entre otras.

c. Promoción de la cooperación ciudadana

El Gobierno Nacional promoverá e incentivará la cooperación voluntaria y patriótica de la ciudadanía a la Fuerza Pública para que proporcione información relacionada con las organizaciones armadas al margen de la ley y la delincuencia. El ciudadano es quien mejor conoce su entorno inmediato y, por ende, las situaciones de inseguridad que permean su vida cotidiana. Por ello se convierte en un actor indispensable y estratégico en la definición de la seguridad y en el apoyo, respaldo y colaboración con las autoridades.

i. Redes de cooperación
Este esquema de apoyo estará constituido por un millón de ciudadanos en las zonas rurales y urbanas del territorio nacional, quienes participarán voluntariamente en redes de cooperación, que estarán conformadas por miembros de los frentes de seguridad local y empresarial, de la Defensa Civil, de las empresas privadas de vigilancia y de las organizaciones de taxistas y transportadores, entre otros.
Las redes de cooperantes estarán bajo el control, supervisión y evaluación de los comandantes militares y policiales y de los organismos de seguridad del Estado localizados en cada una de las áreas.

ii. Programas de recompensas
De manera paralela, el Gobierno Nacional implementará un programa de recompensas para los informantes que proporcionen a las autoridades datos oportunos y veraces sobre personas, bienes o actividades relacionadas con los grupos armados ilegales y la delincuencia. En adición a todo lo anterior, se buscará el desarrollo legal del artículo 441 del Código Penal, que establece la obligación de los ciudadanos de informar inmediatamente a la autoridad sobre el conocimiento de cualquier indicio, actividad o persona relacionados con actos delictivos y de terrorismo.

iii. Apoyo de los medios
El Gobierno Nacional convocará a los medios de comunicación para que de manera concertada establezcan acuerdos de autorregulación orientados a atenuar el impacto de las acciones terroristas en la opinión pública. En estos acuerdos se tratarán temas como la transmisión en directo de actos terroristas, comunicados y entrevistas de organizaciones e individuos que realicen dichos actos y la protección de la identidad de las personas que los presencien.

d. Protección a la infraestructura económica
El Gobierno coordinará las actividades de las instituciones del sector seguridad y defensa, y definirá una política de protección a la infraestructura con el fin de: a) disminuir los costos generados por la inseguridad y asumidos por la población; b) disminuir los riesgos en los proyectos que requieren participación privada; y c) aprovechar mejor la infraestructura. Cuando sea necesario se diseñarán e implementarán programas de seguridad con objetivos específicos como Vías para la paz. Con relación a la comercialización ilícita de hidrocarburos y sus derivados, el Gobierno y coordinará los programas de instituciones de seguridad y defensa para reducir tanto el hurto de hidrocarburos y sus derivados como su contrabando, mínimo en un 60%. Así mismo, diseñará un programa de seguridad con el fin de permitir el desarrollo de las actividades de las compañías especializadas en la exploración de hidrocarburos.
Se desarrollarán programas tendientes a prevenir y eliminar los ataques terroristas contra la infraestructura carbonífera (minas, líneas férreas y terminal); vial (troncales y puentes); eléctrica (hidroeléctricas, termoeléctricas, redes de distribución) de telecomunicaciones; fluvial; de puertos y aeropuertos; de servicios (acueductos) y petrolera (campos, oleoductos y terminal). Para tal fin, se ha diseñado una estrategia que contempla la conformación de un sistema de información confiable, la realización de operaciones ofensivas y el apoyo de la Policía Judicial y de entes externos.

i. Sistema de información confiable
Se aspira a conformar un sistema que combine la información de inteligencia, reunida de manera conjunta, con la proveniente de la ciudadanía; el patrullaje permanente de puntos críticos, por parte de la Fuerza Pública, y la creación de unidades de reacción inmediata que actúen cuando no haya sido posible prevenir los delitos.

ii. Operaciones ofensivas
La estrategia también contempla la realización de operaciones ofensivas en las zonas de asentamiento e influencia de los grupos ilegales, por lo general diferentes a los lugares donde estos ejecutan atentados.

iii. Apoyo de la Policía Judicial
De otra parte, la labor de la Fuerza Pública será apoyada por los organismos que cumplen funciones de policía judicial los cuales, agrupados en equipos de trabajo no jerarquizados, conformarán unidades de investigación, operación y judicialización que permitirán llevar procesos penales mejor sustentados y juzgar las personas sindicadas de atentar contra la infraestructura económica del país.
Estos grupos estarán apoyados por funcionarios del Ministerio Público, quienes velarán por la estricta observancia de las garantías procesales.

iv. Apoyo internacional
Para el desarrollo de esta iniciativa, se buscará el apoyo técnico y financiero internacional, así como la participación de la empresa privada a través de aportes económicos y de medios y se promoverá el correcto uso de las regalías provenientes de las actividades petroleras y mineras, y de la inversión social hecha por parte de las empresas.
El actual Gobierno dará alcance a la iniciativa regional andina, no sólo en materia de narcotráfico, sino que también ha manifestado su interés en hacerlo extensivo a problemas relacionados con actos terroristas que se presenten dentro del territorio nacional. Para ello se contará con recursos económicos enmarcados en el plan de ayuda del Gobierno de Estados Unidos para la protección de la infraestructura energética, minera y de petróleos. De igual forma, se buscará la autorización para usar equipos militares entregados al país en el marco de dicha ayuda, en este caso los helicópteros, para la lucha contra los grupos ilegales.

e. Seguridad urbana
El Gobierno, comprometido con una reducción drástica de la criminalidad urbana, fortalecerá la capacidad de manejo civil y descentralizado de estos problemas, en cabeza de los alcaldes y secretarios de gobierno. Contará para ello, con el apoyo estratégico de las autoridades judiciales y de la Policía Nacional en materia de prevención, disuasión y control del delito, con el objetivo de hacer de las ciudades colombianas espacios viables, competitivos y sostenibles.
La seguridad urbana no se agotará en el terreno de la criminalidad y la delincuencia. Dentro del marco de la Seguridad Democrática, habrá compromisos claros frente a otros fenómenos como violencia intrafamiliar, violaciones a normas de tránsito o comportamientos que atentan contra las normas de los códigos de policía que perturban de manera grave e importante la vida en sociedad.

i. Diseño y planeación
El Consejo Superior de Defensa y Seguridad se constituirá en una instancia de diseño, planeación y coordinación de una estrategia que contenga los lineamientos generales de la política, la disposición de herramientas legales y la provisión de líneas de asistencia técnica. Estas deben permitir a las autoridades administrativas locales diseñar y operar políticas públicas en la materia y promover la cooperación horizontal de experiencias exitosas entre ciudades.

ii. Acción de las autoridades locales
La seguridad urbana y la rural estarán en cabeza de todos los mandatarios locales del país, ya que ellos son la primera autoridad de policía en el ámbito municipal. Los alcaldes promoverán la interinstitucionalidad mediante la coordinación de los diferentes entes del orden nacional y local que operan en el municipio y promoverán el desarrollo de acciones en plena correspondencia con los asuntos nacionales y las necesidades locales. Para ello, se fortalecerá la dinámica de los Consejos Municipales de Seguridad, con la votación de los instrumentos jurídicos y las facultades para que los alcaldes los creen en sus respectivos municipios.
Así mismo, para instituir la transparencia y el derecho a la información, los alcaldes fomentarán la participación comunitaria en el diseño de las políticas y el control ciudadano de las acciones estatales.
Los Consejos Municipales de Seguridad serán los espacios idóneos para la promoción de la participación ciudadana a través de consultas realizadas a sectores de la sociedad acerca de las necesidades e iniciativas en términos de seguridad y convivencia. Así mismo, se impulsará la responsabilidad social.

iii. Apoyo de la Policía Nacional
El Gobierno fortalecerá la capacidad de vigilancia pública de la Policía Nacional. Para ello, aumentará el pie de fuerza en las ciudades, profundizará el crecimiento del programa de Policía Comunitaria como mecanismo de acercamiento a la comunidad y promoción de la seguridad de barrio. Así se fortalecerá la naturaleza civil de la institución y se extenderá su labor a múltiples cuestiones de interés común, como la convivencia y otros asuntos menores. Esta aproximación redundará en una mayor fortaleza y legitimidad institucional que, a su vez y con certeza, derivará en mayor cooperación ciudadana.
Se fortalecerá la plataforma tecnológica de la Policía en materia de modernización de los espacios y metodologías de los Comités de Vigilancia, a través de la puesta en operación de los Centros de Información Estratégica Policial Seccional (CIEPS), de una adecuación institucional para la utilización de estas herramientas, de la ampliación del programa de circuitos cerrados de televisión y del fortalecimiento de los Centros Automáticos de Despacho (CAD).
Se hace necesaria una urgente reforma al Código Nacional de Policía. Se propenderá por la promulgación de un Código Único que unifique la normatividad dispersa, recoja la mayor variedad de asuntos posibles y que sea lo suficientemente general. No obstante, tales parámetros deberán respetar el alcance de definición de los asuntos particulares y las especificidades regionales y locales.

f. Implementación del Programa de seguridad vial
El Gobierno Nacional implementará el Programa de seguridad vial con el objeto de garantizar el derecho a la libre circulación de las personas por el territorio nacional, estipulado en el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia de 1991; para incentivar el intercambio comercial entre las regiones; para reactivar el turismo; y para permitir el transporte de carga y mercancías desde y hacia los principales puertos del país.
La parte operativa de este programa estará a cargo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, mientras que los miembros de las redes de informantes cooperantes lo apoyarán con información que permita a las autoridades impedir cualquier acto que restrinja la circulación en las vías y contrarreste la piratería. Inicialmente, el programa se implementará en los principales ejes, extendiéndolo luego a las demás carreteras que conforman la malla vial del país.