VICEPRESIDENCIA
VICEPRESIDENTE FRANCISCO SANTOS
Voy
a rendirles cuentas acerca de lo que hemos hecho este año en lucha contra la
corrupción y por los Derechos Humanos, programas que dirige la
Vicepresidencia.
En
anticorrupción la prioridad ha sido cuidar los dineros y bienes públicos. El dinero que ustedes aportan con sus impuestos para que se gasten bien y,
además, en lo que se necesita.
Entre
agosto de 2003 y marzo de 2004 hicimos Consejos Comunales Anticorrupción
en las 32 capitales del país, para analizar
con gobernadores, alcaldes y con la propia comunidad, cómo se están gastando los dineros que el gobierno
transfiere para educación, salud y saneamiento básico ambiental. Escuchamos las quejas de los ciudadanos, la
mayoría de ellas por la falta de eficacia de la justicia y de los órganos de
control, y luego firmamos con los candidatos y después con los nuevos
mandatarios pactos de transparencia.
La
conclusión es que si bien hay departamentos y capitales que lo están haciendo
muy bien, la mayoría,
desafortunadamente, tienen problemas muy graves, pero no por
falta de recursos sino porque no se les da el uso adecuado o terminan en manos
de los corruptos. Con el dinero que se le transfiere a todas las regiones del
país, la salud, la educación y el servicio de acueducto y alcantarillado
tendrían que tener muchísima mejor cobertura y calidad.
Estos
pactos tienen comisiones de seguimiento de ciudadanos que hoy reportan al
programa de lucha contra la corrupción, cómo han cumplido gobernadores y
alcaldes. A finales del año haremos una evaluación pública y nacional del
cumplimiento de quienes empeñaron su palabra,
y haremos consejos de seguimiento con los ciudadanos. Quiero felicitar a los
miembros de los comités de seguimiento por la dedicación y la mística con la
que están adelantando su trabajo, y por la
forma como están divulgando a la comunidad los avances y fallas que encuentran
en cada administración.
Así mismo, y
para ayudar a enfrentar los problemas de investigación y sanción, promovimos en cada departamento la creación de la comisión
regional de moralización, con la Fiscalía, la
Contraloría y la Procuraduría regional, essta
comisión tiene en sus manos hoy los casos más
relevantes de corrupción en estas regiones y deben responder a la ciudadanía
por ellos.
Para
cuidar los dineros públicos aplicamos también entre septiembre y octubre de
2003, la Encuesta de Desempeño Institucional en 164 entidades. Gracias a ello
identificamos las áreas con los mayores riesgos de corrupción y los factores
que fomentan la integridad en cada entidad y en cada sector, estamos trabajando sobre ellos.
Complementariamente,
con el Departamento Nacional de Planeación, en el marco del Programa de
Renovación de la Administración Pública, seleccionamos 20 entidades sobre las cuales elaboramos el diagnóstico de cada una de estas en temas de
transparencia, en temas
de riesgo de corrupción y asimismo con Planeación, ejecutaremos un plan de reformas
durante los próximos 2 años.
Una
de las grandes debilidades del estado para combatir la corrupción es la falta
de información. Su
desigual calidad y el poco acceso del ciudadano
a ésta, para hacer control social, son características preponderantes. Las entidades no interactúan, no hay cruce de
información y eso dificulta el seguimiento y el control. Asimismo cada entidad
compra en hardware y software lo que les viene en gana. No hay economías de
escala ni integración de sistemas. Para contrarrestar estos problemas pusimos
en marcha la Comisión Intersectorial de Políticas y Gestión de la Información
para la Administración Pública, comisión que
preside la Vicepresidencia y que busca que la información del Estado sea confiable, se utilice estratégicamente, que los
funcionarios del Estado y los ciudadanos tengan información pública de calidad
y en forma oportuna. Y al mismo tiempo mejorar las inversiones del Estado en
tecnologías de información.
No
hay varita mágica para luchar contra la corrupción. Debemos atacar este
problema desde la educación. Bogotá implementó un exitoso programa de Cultura
de la Legalidad, que es finalmente la aceptación de las normas por parte de
todos los ciudadanos. Que la gente sepa por qué hay reglas y por qué son
importantes. A partir de agosto de 2004, con el Ministerio de Educación
comenzará el currículo de Cultura de la Legalidad en noveno grado, en 10 instituciones educativas de Cartagena, Barranquilla,
Pereira, Cali, Cúcuta, Villavicencio, Tumaco y San Andrés.
Nuestro
programa de cultura de legalidad tiene un bello nombre: Adiós a las Trampas.
Convocamos un concurso con ese nombre para que niños y jóvenes del país dijeran
con sus dibujos Adiós a las Trampas. Recibimos más de 55.000 dibujos de todas
las regiones del país. Además, ya están al
aire los comerciales de radio sobre el mismo tema.
En
cuanto al programa de Derechos
Humanos, nuestra estrategia es que la seguridad sea
para garantizar derechos y se logre respetando derechos; que todos, no solo un pequeño
sector interesado, el comerciante, el carnicero, el
profesional, el desempleado, se preocupen por los derechos humanos.
Iniciamos
una estrategia de descentralización para que las autoridades de las distintas
regiones cumplan con su obligación de garantizar los derechos en todo su
territorio. Firmamos compromisos con todos los gobernadores y alcaldes de capitales
que iniciaron sus mandatos el pasado mes de enero, para incluir Derechos
Humanos y DIH en todos los planes de desarrollo. Hoy, 16 departamentos y 62 municipios tienen planes de acción
en derechos humanos, y además se
comprometieron a tener oficinas dedicadas a la prevención, defensa y acción en
este tema.
El pasado mes de marzo, publicamos por primera vez el Informe Anual de derechos humanos del Gobierno, que muestra toda la película. Lo bueno y lo malo. Los
aciertos y las equivocaciones. Lo distribuimos por todo el mundo, para que quienes se enteren de Colombia tengan una
perspectiva más completa de la realidad.
Igualmente,
en ese sentido, representé a Colombia en la Conferencia Anual de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y visité varios países para explicar
ante gobiernos, parlamentos, ONGs y medios de
comunicación, los grandes avances que ha
aportado la política de seguridad democrática en esta materia. En equipo con la
Cancillería hicimos este trabajo de lobby y
diplomacia, que ha llevado a que en Europa
exista hoy una mirada distinta a nuestros problemas y a que se comprenda el
éxito de esta política de seguridad que hoy
los colombianos apoyamos.
El próximo 31 de julio terminaremos la
concertación al interior del Estado del Plan Nacional de Acción en Derechos
Humanos, el cual estará elaborado
de manera concertada en diciembre.
Durante el año pasado se redujo la muerte
de sindicalistas en un 57%, pero no estamos contentos con ello,
por eso, con el Ministerio de Protección Social y los
presidentes de las centrales obreras 8
reuniones regionales en las cuales, con los sindicatos de allá, con las
autoridades civiles y militares hicimos planes de
protección y compromisos concretos para proteger la acción sindical.
Esto es parte fundamental de la democracia.
Con el Ministerio del Interior y la Red de
Solidaridad Social estamos implementando un mecanismo para proteger a las
comunidades en zonas de riesgo. Trabajaremos en 10 regiones del país donde hay mayores dificultades y llevaremos a esas comunidades presencia permanente de estas
instituciones.
El Comité de Alertas Tempranas ha evaluado
138 informes de riesgo y ha decretado
45 alertas tempranas y sólo en un caso se presentó violaciones a los derechos
de los habitantes, autoridades civiles y militares evitaron esas violaciones.
Para mejorar la prevención, se hizo un estudio
regional de riesgo para la Sierra Nevada, y en
este momento estamos realizando dos estudios más sobre
otras dos zonas, con ellos trabajaremos de
manera más sistemática y efectiva.
Con el apoyo de los Países Bajos hemos
logrado coordinar la acción del Estado para castigar a los violadores de
derechos humanos e impulsar investigaciones de casos priorizados, actualmente
estamos elaborando una política pública para erradicar la impunidad de
Colombia.
Para terminar quiero hablarles de dos
temas que son prioritarios para el Gobierno en Derechos Humanos: las Minas
Antipersonal y la población discapacitada.
Cada 12 horas en nuestro país, las minas
antipersonal cobran una nueva víctima. Las FARC el ELN y la AUC han minado corredores estratégicos, campamentos, escuelas, caminos, fuentes de
agua, áreas comunales, de vivienda y de cultivo
en más de 550 municipios.
El
Estado tiene la obligación de defender a la gente, prevenir accidentes con
minas y dar atención oportuna y adecuada a las víctimas. Para ello lideramos
una acción integral contra las minas basada en la concertación de una política pública,
de un plan
estratégico y una acción nacional con gobernadores, ONG’s y organismos
internacionales. Pero además somos el único país
en conflicto que cumplirá el examen de la Convención de Ottawa, que se llevará
a cabo en Kenya a finales de este año porque estamos destruyendo todo el arsenal de
minas de las FFMM. Desde junio del año pasado,
hemos destruido casi 7000 minas y el próximo 25 de octubre habremos culminado
la tarea de destruir el 100% del arsenal.
En
Colombia hay más de 10 millones de discapacitados. La
reivindicación de sus derechos sociales, económicos y culturales en todo el
territorio es otra prioridad de la política de DDHH. Para eliminar barreras
de acceso a la información, creamos un portal de discapacidad que permite
conocer los planes y acciones institucionales, leyes y jurisprudencia frente a
los derechos de esta población. Impulsamos también la creación del Centro de
Contacto al Ciudadano que operará la Agenda de Conectividad para dar
orientación telefónica y virtual a los ciudadanos discapacitados acerca de las entidades
responsables de prestarles servicios de salud, educación, empleo, etc, en
departamentos y municipios. Y trabajamos en la sensibilización a
potenciales empleadores para que contraten discapacitados.
Es innegable que tanto en Derechos
Humanos, como en la lucha contra la corrupción
enfrentamos inmensos retos, tenemos grandes
problemas y desafíos. Pero también, están a la
vista los avances logrados en estos dos años. Nos falta mucho, pero vamos por el camino correcto, lo cual nos permite esperar mayores resultados en el
tiempo que nos queda de gobierno.